El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), a través de su programa virtual “Consultorio Legal”, dio alcances acerca de cómo proceder legalmente ante una situación de acoso por parte de una expareja, que se configura cuando una persona es vigilada, perseguida, asediada y hostigada sin su consentimiento, de modo que, se pueda alterar el normal desarrollo de su vida cotidiana.
La defensora pública Lissi Trujillo explicó que, ante una situación de acoso, es recomendable reunir las pruebas (como capturas de pantalla, videos, todo tipo de grabación, incluso testigos) para acudir de inmediato a la Policía Nacional y realizar la denuncia. También se puede denunciar ante el Ministerio Público e incluso el Poder Judicial para que se otorgue una medida de protección urgente.
La especialista precisó que el delito de acoso, así como también el acoso sexual, se sanciona según el Código Penal con pena privativa de libertad y también con medidas de inhabilitación, además del pago de una reparación civil cuando se trata de un caso agravado.
SANCIONES POR ESTE DELITO
En cuanto al acoso realizado por una expareja, Lissi Trujillo detalló que se considera una circunstancia agravante, por lo que tiene una pena privativa de libertad no menor de cuatro años, ni mayor de siete años. Agregó que el 95% de casos se da en agravio de mujeres, mientras en varones se presenta el 5%, muchos de los cuales no son denunciados.
La defensora pública refirió que la Ley N°. 3064 es la norma que tiene por finalidad prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres. Hizo hincapié en que para evitar que el delito de acoso prescriba, es necesario realizar la denuncia lo más pronto posible; así como contar con las pruebas del acoso, para que la denuncia tenga la solidez que se requiere.
Finalmente, detalló que para hacer efectiva una denuncia de acoso se puede acudir a la Defensa Pública y acceder a un proceso de investigación, que luego puede ser judicializado. Se puede recurrir a los Centros de Asistencia Legal Gratuita (ALEGRA) y los Mega ALEGRA, donde las personas en situación de vulnerabilidad o que no cuenten con los recursos económicos suficientes pueden recibir de forma gratuita la orientación en materia penal, familiar, civil o laboral.