En el marco de las facultades dadas por el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte Zegarra aprobó un decreto legislativo realizando 30 modificaciones al Código Procesal Penal, las cuales le restarían funciones a la Fiscalía de la Nación. Ante la polémica, se han presentado dos proyectos de ley buscando derogarlas.
La primera iniciativa es del parlamentario Alfredo Pariona Sinche, quien calificó de “inconstitucional” las modificaciones. “Se ha aprobado la norma como si el Congreso hubiese otorgado al Ejecutivo un ‘cheque en blanco’, donde no se requiere justificar las medidas normativas, mencionó en el documento.
VALIDADA Y CORROBORADA
La segunda iniciativa es la del legislador Jaime Quito, quien señala los riesgos que los agentes de la Policía Nacional cuenten con competencias propias del Ministerio Público "como la tipificación de los delitos, así como la determinación de la presunta autoría y participación" (…) con los riesgos que eso conllevaba.
Ante la polémica, el titular de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, señaló que no se realizará ninguna acción policial "que no esté validada, corroborada o autorizada por el Ministerio Público", fue al explicar los alcances del decreto legislativo que permite a la Policía Nacional realizar investigaciones preliminares.
