La Defensoría del Pueblo solicitó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) convocar a una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana (Conasec), en la que se evalúe la efectividad de las medidas adoptadas en la lucha contra la criminalidad y se aborde esta problemática desde una mirada con enfoque de derechos humanos.
El pedido fue a raíz de la última medida adoptada por el Ejecutivo, en la que se dispuso ampliar el estado de emergencia por 45 días más en Lima y Callao. A través de un documento dirigido al titular de la PCM, la institución reafirmó la necesidad de que el problema de la delincuencia sea abordado por el Estado a través del diseño de políticas públicas, con indicadores claros que permitan medir y evaluar objetivamente la eficacia y eficiencia de las mismas.
Balance de los resultados
En el documento también se requirió a la PCM un balance de los resultados durante la vigencia del estado de emergencia en la capital, así como copia de los informes policiales que habrían servido de sustento principal para que el Ejecutivo adopte esta estrategia. Ello, tras advertirse el impacto que tiene en la ciudadanía la declaración del estado de emergencia frente a la crisis de la inseguridad, proponiéndose que este tipo de decisiones sean evaluadas en espacios multisectoriales especializados como el que brinda el Conasec que, pese a su importancia, no ha sesionado en lo que va de este año.
Además, se advierte la naturaleza excepcional de esta medida, la cual debe responder a criterios de temporalidad, proporcionalidad y necesidad, de acuerdo con los artículos 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos y 137 de la Constitución. “Por tal motivo, para la Defensoría del Pueblo es forzoso que exista una debida justificación sustentada objetivamente, más aún cuando está de por medio la suspensión del ejercicio de derechos y libertades personales”, se precisa en el documento suscrito por la defensora del Pueblo, Eliana Revollar.
