Desde ahora, todos los funcionarios y trabajadores del sector público están en la obligación de presentar su declaración jurada de intereses, a fin de enfrentar la corrupción y detectar conflictos de intereses en la administración pública.
A través del Decreto Supremo N° 138-2019-PCM, el Gobierno dispuso que todas las autoridades y funcionarios públicos informen sobre sus vínculos familiares, políticos, económicos, comerciales, profesionales e institucionales.
La medida amplía la obligación a las entidades, organismos y empresas públicas, así como sociedades de economía mixta comprendidas o no en la actividad empresarial del Estado. Todos deben brindar información sobre empresas, sociedades en las que posea participación alguna, así como poderes otorgados por personas naturales o jurídicas, públicos o privados.
Los datos comprenden información dentro de los cinco años anteriores a la presentación de la declaración jurada de intereses, el mismo que será presentado dentro de los 15 días hábiles a ser contratado. Este documento también será requerido al momento del cese de funciones y cuando se requiera actualizar datos.
