La Justicia española impuso a Meta una sanción de 479 millones de euros tras concluir que la compañía obtuvo una ventaja publicitaria ilícita en Facebook e Instagram a partir del tratamiento inadecuado de datos personales. La decisión, emitida por el Juzgado de lo Mercantil N.° 15 de Madrid, dio la razón —de forma parcial— a 87 medios digitales y agencias informativas que denunciaron que la tecnológica vulneró la normativa europea de protección de datos para segmentar anuncios.
Investigación sobre rastreo y posible espionaje digital
El fallo coincide con el anuncio del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que los directivos de Meta serán llamados al Congreso para aclarar la presunta utilización de un sistema oculto capaz de rastrear la actividad de millones de usuarios incluso en navegación privada o mediante VPN. Sánchez calificó el caso como un “patrón de conducta” que antepone el beneficio económico a los derechos digitales, y afirmó que el Parlamento debe esclarecer responsabilidades.
Durante su intervención en un foro organizado por AtresMedia, el mandatario español remarcó que la investigación internacional —realizada por especialistas en España, Bélgica y Países Bajos— revela indicios de una actuación sistemática que habría dejado a los ciudadanos “expuestos y desprotegidos”. En ese contexto, adelantó que el Ejecutivo desplegará en los próximos meses un paquete de medidas para combatir la desinformación, reforzar la protección de menores, frenar los discursos de odio y evitar nuevas vulneraciones de privacidad.
Meta, por su parte, aseguró en un comunicado que colaborará con las autoridades de manera “constructiva” y señaló que la empresa ofrece herramientas para que los usuarios administren el uso de sus datos. La compañía reiteró que toma “muy en serio” la protección de la información personal, pese a que la resolución judicial y el anuncio de la citación parlamentaria incrementan la presión política y regulatoria sobre sus prácticas en España.
