La Fiscalía Departamental de Tarija, al sur de Bolivia, presentó este martes una acusación formal contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de trata agravada de personas, un paso clave que abre la posibilidad de un juicio oral contra el líder del Movimiento al Socialismo (MAS). La fiscal Sandra Gutiérrez indicó que la decisión se tomó tras un “análisis minucioso” de las pruebas recopiladas durante más de un año de investigación.
INVESTIGACIÓN Y ACUSACIÓN FORMAL
Según Gutiérrez, el caso —iniciado en septiembre de 2023— se encuentra ahora en manos del juez de instrucción, quien deberá remitir el expediente al tribunal correspondiente para fijar fecha y hora del juicio oral. La acusación está relacionada con una presunta relación del exmandatario con una menor de edad en 2016, cuando Morales aún ejercía la presidencia.
En octubre de 2024, la Fiscalía emitió una orden de captura en su contra, refrendada por un juzgado de Tarija, lo que derivó en protestas y bloqueos de carretera por parte de sus seguidores. A inicios de 2025, el exgobernante fue declarado en rebeldía tras no asistir a dos citaciones judiciales, alegando motivos de salud.
EVO MORALES PERMANECE RESGUARDADO
Desde entonces, Morales no ha salido del Trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical, donde se encuentra protegido por centenares de simpatizantes. La acusación formal marca el punto más tenso del proceso judicial que enfrenta el líder boliviano, quien mantiene influencia dentro del Movimiento al Socialismo, pese a su distanciamiento con el actual gobierno.
La Fiscalía de Tarija considera que se cumplieron todas las etapas de la investigación y espera que el tribunal defina próximamente el inicio del juicio oral, en lo que podría convertirse en uno de los procesos judiciales más mediáticos en la historia reciente de Bolivia.
