Una mujer de nacionalidad peruana, madre de cinco hijos, fue encontrada sin vida el domingo 15 de junio de 2025 en la provincia de A Coruña, España, en lo que las autoridades consideran un caso de feminicidio y violencia de género. La víctima, de 49 años, habría sido atacada presuntamente por su pareja, un hombre de origen peruano con nacionalidad española de 61 años, quien fue detenido tras el incidente. Según las primeras investigaciones, el agresor habría utilizado un arma blanca, infligiendo heridas graves que llevaron a la muerte de la mujer, dejando a su familia y a la comunidad en estado de shock en esta localidad costera.
Las autoridades confirmaron que la pareja había tenido antecedentes de violencia, con un episodio reportado en septiembre del año pasado que resultó en una condena en mayo de 2025, incluyendo una orden de alejamiento que no se había ejecutado. La subdelegada del Gobierno en A Coruña, María Rivas, señaló que la autopsia reveló un ataque con “bastante ensañamiento”, lo que ha intensificado la investigación para esclarecer los detalles del crimen. Dos de los hijos menores de la víctima residen en Perú, mientras que el resto de la familia enfrenta este doloroso momento en España, donde la mujer se había establecido recientemente. La falta de aplicación de medidas preventivas agrava la lucha contra el feminicidio y la violencia de género.
ERROR: Invalid media (1)Repercusiones y llamado a la acción contra el feminicidio y la violencia de género
El caso ha elevado la cifra de víctimas de violencia de género en España a 14 en lo que va de 2025, según datos de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con tres de ellas habiendo denunciado previamente a sus agresores. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, expresó su consternación a través de redes sociales, afirmando: “A Maritza le ha arrancado la vida un asesino machista por el mero hecho de ser mujer”.
ERROR: Invalid media (2)A las 09:21 PM del 16 de junio de 2025, hora de Perú, las autoridades continúan interrogando al detenido, mientras la comunidad peruana en España y las organizaciones de derechos humanos exigen justicia y un fortalecimiento de los protocolos de seguridad para las víctimas.
