Harvard ha llevado al Gobierno de Estados Unidos a los tribunales. Este viernes 23 de mayo, la universidad presentó una demanda contra la Administración de Donald Trump por haber revocado su permiso para matricular estudiantes extranjeros, una decisión que afecta a más de una cuarta parte de su alumnado. El Gobierno alega que Harvard es “un foco de antisemitismo”, mientras que la institución lo considera una represalia política sin precedentes.
UNA BATALLA LEGAL POR LA AUTONOMÍA ACADÉMICA
La denuncia fue presentada ante un tribunal federal en Massachusetts y señala que la decisión “viola la Primera Enmienda” al intentar forzar el control del plan de estudios y la contratación del personal docente. “Es una represalia ideológica”, acusó la Asociación de Profesores de Harvard, quienes consideran la medida como parte de un patrón de hostigamiento desde la Casa Blanca. El presidente Trump también amenazó con retirar 9 mil millones de dólares en financiamiento, congeló una partida de 2 mil 200 millones y ya deportó a un investigador de la universidad.
IMPACTO GLOBAL Y VOCES DE ALARMA
Más de 7 mil estudiantes internacionales quedarían excluidos del próximo curso académico. Harvard ha sido despojada de su certificación SEVIS, necesaria para visados F y J. El presidente interino de la universidad, Alan Garber, calificó la medida como “injustificada e ilegal”, y alertó que representa una amenaza para el sistema educativo de EEUU en su conjunto. El estudiante austriaco Karl Molden, por ejemplo, ya inició su traslado a Oxford ante el temor de quedarse sin estatus legal. “Da miedo y es triste”, declaró.
REACCIÓN INTERNACIONAL
China, Alemania y Japón han criticado públicamente la medida, que consideran contraria a la tradición académica abierta de Estados Unidos. El mismo jueves, un juez federal ordenó suspender temporalmente la revocación del estatus de los estudiantes extranjeros, aunque aún no está claro si la orden incluye a Harvard. La universidad ya ha solicitado una orden de restricción para proteger a su comunidad. La batalla judicial apenas comienza, pero la imagen de EE.UU. como destino educativo global ya sufre las consecuencias.
