“Nunca he tenido que comprar arroz” fue la frase, pronunciada por Taku Eto, ministro de Agricultura de Japón, que ha desatado una tormenta política y social en un país donde este cereal representa cerca del 40% de la dieta diaria. En medio de una inflación que ha duplicado el precio del arroz en apenas un año, sus palabras fueron consideradas una muestra de desconexión con la realidad de millones de japoneses.
Según medios como Kyodo News, Eto aseguró además que recibe tanto arroz de sus seguidores que incluso podría venderlo. La reacción fue inmediata. El primer ministro Shigeru Ishiba no solo lo reprendió públicamente, sino que recordó que “el trabajo del ministro de Agricultura ahora es dar soluciones al incremento del precio del arroz. Espero que las ofrezca”.
CRISIS POR EL GRANO BLANCO
La escalada de precios ha sido drástica. A inicios de mayo, una bolsa de cinco kilos de arroz costaba en promedio 4.214 yenes, lo que equivale a aproximadamente 103 soles peruanos, el doble que hace un año. Como respuesta, el gobierno activó en marzo un plan de emergencia para subastar arroz de los almacenes estatales. Se han liberado más de 210.000 toneladas, pero apenas el 1,4% ha llegado efectivamente a los supermercados.
A esto se suma la polémica por el precio en las subastas. En la tercera ronda, se ofrecieron 100.000 toneladas a un precio promedio de 20.302 yenes por saco de 60 kg (unos 495 soles), lo que equivale a 8,25 soles por kilo. Sin embargo, el consumidor japonés llega a pagar alrededor de 20 soles por kilo, evidenciando un margen inflado que ha generado nuevas críticas hacia los mayoristas y la gestión gubernamental.
El contexto político añade presión. En julio se celebrarán elecciones a la Cámara de Consejeros, y las encuestas muestran un respaldo en caída para el gabinete de Ishiba, con índices de aprobación entre el 22% y el 31%, los más bajos desde que asumió el poder en octubre pasado. Mientras parte del electorado exige medidas concretas, como una reducción del 10% en el equivalente al IVA, el primer ministro se niega a ceder, priorizando la estabilidad fiscal en una economía afectada también por las tensiones comerciales con Estados Unidos.
