La Justicia británica falló este martes, con un veredicto unánime, en contra del primer ministro británico, Boris Johnson, al considerar “ilegal y sin efecto” su decisión de suspender las labores parlamentarias durante cinco semanas.
El Tribunal Supremo de Reino Unido consideró que el cierre solicitado por Johnson perjudica la actividad legislativa y que "no hay justificación" para una medida que podría acarrear consecuencias "extremas" para la democracia.
La corte, que ha reunido a 11 magistrados para analizar este caso, consideró que "no es una suspensión normal" por el tiempo elegido por el Gobierno, en la medida en el que la actividad no se retomaría hasta el 14 de octubre, a 15 días de la fecha del Brexit.
La cercanía con la fecha pactada para la ejecución del "brexit" generó una serie de críticas contra Johnson, que justificó la medida con el argumento de que precisaba de ese tiempo para preparar y presentar su programa de política nacional.
La suspensión provocó una ola de manifestaciones y varias demandas judiciales que desembocaron en recursos ante la Corte Suprema después de que un tribunal de Edimburgo y otro de Londres dictasen sentencias contradictorias.
Durante este proceso judicial, los demandantes reprocharon a Johnson que obrara siguiendo una estrategia con la que impedir al Parlamento bloquear sus planes sobre una retirada sin acuerdo de la UE.
