La seguridad en las viviendas del país atraviesa un momento crítico. Cada vez son más los casos en los que condominios y casas se convierten en objetivos de atentados con explosivos. Lo que debería ser el espacio más íntimo y seguro, el hogar, se transforma en escenario de zozobra y miedo. En Lima, por ejemplo, un condominio frente a la Universidad Católica fue atacado con un artefacto explosivo, generando alarma entre familias que, aunque no sufrieron víctimas, perdieron la tranquilidad de su día a día.
Extorsión en crecimiento
La violencia no se limita a daños materiales. De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y julio de este año se han registrado más de 15 000 denuncias por extorsión, lo que representa un aumento del 28% en comparación con el mismo periodo de 2024. Esto significa que, en promedio, una denuncia es presentada cada 19 minutos en el país, evidenciando la magnitud del problema. Expertos advierten que estos ataques no buscan únicamente destruir estructuras, sino enviar un mensaje de amenaza y control.
El caso de Trujillo es uno de los más graves. El pasado 14 de febrero, una detonación en la avenida Perú afectó a más de 20 viviendas y dejó al menos cinco heridos. La población denuncia que la violencia se normaliza mientras los responsables políticos parecen incapaces de ofrecer soluciones efectivas. Vecinos aseguran que “el miedo se ha convertido en un vecino más”, obligando a familias enteras a convivir con el temor permanente.
Especialistas alertan que los explosivos más usados en estas acciones provienen del sector minero, como los cartuchos de emulsión de 3 000 y 5 000, capaces de resistir incluso al agua y con un poder destructivo considerable. Ante este escenario, la gran interrogante es qué acciones concretas se tomarán para frenar un fenómeno que amenaza no solo la seguridad ciudadana, sino la confianza básica de vivir bajo un techo propio.
