La Comisión Permanente del Congreso dio luz verde al informe final que plantea impedir por una década el acceso a cargos públicos al exministro del Interior Willy Huerta, por su presunta participación en el fallido intento de ruptura del orden constitucional impulsado por Pedro Castillo. La decisión se alcanzó con 14 votos favorables, seis en contra y sin abstenciones, por lo que la recomendación será derivada al Pleno para su evaluación definitiva.
Caso golpe de Estado: pasos hacia la sanción política
Según las conclusiones del documento aprobado, Huerta habría permanecido en Palacio de Gobierno el día del mensaje televisado de Castillo, donde supuestamente facilitó comunicaciones con el entonces comandante general de la Policía Nacional del Perú, Raúl Alfaro, con el fin de coordinar acciones vinculadas al cierre del Parlamento y la intervención del Ministerio Público. La comisión sostiene que su comportamiento constituye una infracción que amerita la máxima sanción política.
De acuerdo con las previsiones del Congreso, el próximo 3 de diciembre el Pleno debatirá no solo la propuesta contra Huerta, sino también las denuncias constitucionales contra el expresidente Castillo y la exministra Betssy Chávez, en ambos casos por presuntas infracciones graves que podrían derivar en la misma inhabilitación por diez años. Legisladores consultados consideran altamente probable que la sanción prospere.
Además, ese mismo día se someterá a votación la acusación constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza, a quien se le atribuyen delitos como usurpación de funciones, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. De aprobarse el informe respectivo, su caso también será trasladado al Ministerio Público para las investigaciones penales correspondientes.
