La Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, decidió suspender hasta julio del 2026 la anunciada investigación que dispuso contra el presidente Pedro Castillo por los casos Concesión Puente Tarata III, Adquisición de Biodiésel B100 y la supuesta presión de ascensos militares.
Al respecto, el constitucionalista Víctor García Toma señaló en Buenos Días Perú que la interpretación jurídica no puede significar de ninguna manera impunidad, más aún si afecta un valor básico de la ciudadanía, como lo es la lucha contra la corrupción.
"Cuando el presidente se reúne con funcionarios públicos evidentemente estamos hablando de un inmueble como público porque allí se deliberan asuntos de naturaleza pública", señaló sobre la investigación preliminar en torno a la visitas extraoficiales de empresarios en la casa del mandatario ubicada en Breña.
La fiscal de la Nación en el artículo 117 de la Constitución blinda al presidente Castillo frente a cualquier investigación mientras ejerza el cargo. La investigación recién se podrá realizar cuando concluya su mandato, como sucedió con el expresidente Martín Vizcarra.
"NO DEBE INTERPRETARSE DE MANERA ABSOLUTA"
"El artículo 117 es una figura excepcional por la cual al presidente de la República, a diferencia de otros funcionarios públicos, goza de una prerrogativa, un privilegio llamado inmunidad, pero esto no puede ser interpretado en términos absolutos, porque indicaría una suerte de impunidad, el afectar un valor básico como la lucha contra la corrupción", refirió Toma.
