El caso de la agresión a una bebé de tan solo un mes en Chimbote ha conmocionado a todo el país. Tras ser trasladada a Lima con graves lesiones, incluidos golpes en la cabeza y una fractura en el brazo, la Defensoría del Pueblo ha intervenido de manera inmediata para garantizar la protección de la menor y sus hermanas. La situación es aún más alarmante, pues, aunque la bebé está siendo atendida en el Hospital del Niño, no tiene un responsable directo en su cuidado, a pesar de que está bajo la vigilancia del Estado.
Acciones de la Defensoría del Pueblo
Según la defensora del pueblo en Chimbote, la entidad ha iniciado una intervención de oficio bajo el programa “Rompiendo Cadenas”, diseñado para proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes. La primera medida fue asegurar la atención médica de la bebé, primero en el hospital “Eugenio Espejo” de Chimbote y luego en el Hospital del Niño de Lima. Además, la Defensoría ha supervisado la actuación de los operadores del sistema de justicia, incluyendo la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial. También se ha comenzado a monitorear la situación de las hermanas de la bebé, que actualmente están bajo el cuidado de la abuela materna.
La Defensoría ha confirmado que los padres de la menor, quienes son señalados como los responsables de la agresión, están actualmente detenidos en el establecimiento penal de Chimbote. El Ministerio Público ha solicitado prisión preventiva por un periodo de 9 meses mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias para esclarecer los hechos. La medida fue aprobada por el Poder Judicial, y se está a la espera de los resultados de la investigación.
Estado de salud de la bebé y medidas de protección
En cuanto al estado de salud de la bebé, se ha informado que su situación es delicada, pero no se deben generar alarmas. Se encuentra bajo vigilancia médica constante y se asegura que está recibiendo atención adecuada. A pesar de las especulaciones en la comunidad sobre su posible estado crítico, la Defensoría ha garantizado que está siendo monitoreada por profesionales de salud y que, por disposición judicial, la menor cuenta con medidas de protección que incluyen la intervención del Estado y la supervisión de su bienestar.
