En medio del dolor y la indignación, los familiares de Darwin Javier Coveñas Panta y César Augusto Rospigliosi Arellano, dos de los 13 hombres asesinados dentro de una mina en Pataz (La Libertad), exigen justicia y denuncian la informalidad en la que laboraban sus seres queridos. Ninguna empresa ha asumido hasta ahora los gastos del sepelio ni se ha comunicado directamente con las familias.
PIDEN JUSTICIA
Darwin, de 31 años, fue velado en su natal Piura. Su madre relató que él había viajado a Trujillo buscando mejores oportunidades y terminó trabajando como obrero para un servicio tercerizado que, según le había contado, estaba vinculado a la minera Poderosa. "Él era el sustento de mi casa, mi esposo falleció y él mantenía a mi hija de 13 años. Me decía que era obrero, que no usaba armas, pero yo sabía que allá era peligroso", declaró entre lágrimas.
A pesar de que la madre intentó saber más sobre la empresa contratante, afirma que nunca tuvo contacto con ningún representante. “Debieron pedirnos un número de emergencia. Nadie nos avisó del secuestro, nos enteramos cuando ya era tarde”, denunció. Asimismo, expresó su desconfianza sobre las versiones que ahora aseguran que la empresa responsable no sería R&R, sino otro service no identificado.
La historia se repite en Chiclayo, donde la familia de César Augusto Rospigliosi vela su cuerpo. Según su hermano, César trabajaba como agente de seguridad armado en la mina. “Él se encargaba de custodiar el lugar. No estaba asegurado, no tenía contrato estable. Solo quería sacar adelante a su familia”, contó.
Ambas familias coinciden en que sus seres queridos laboraban sin beneficios ni garantías, expuestos a un entorno de violencia del que ya se habían registrado antecedentes. “Se acerca el Día de la Madre, y yo esperaba verlo regresar con vida. Pero ha vuelto en un cajón”, dijo la madre de Darwin.
Los familiares han formado un grupo para mantenerse informados, ante la falta de respuestas del Estado y de las empresas involucradas. “Le pido a la presidenta Dina Boluarte que se ponga la mano al pecho. Somos peruanos, no merecemos este abandono”, afirmó una de las madres.
A la fecha, no hay comunicación oficial ni de la empresa contratista ni de Poderosa. Mientras tanto, las familias asumen solas los gastos del traslado y entierro de los cuerpos.
