En el cercado del Callao, un taxista identificado como Sergio Fabio Rodríguez Aponte (de 28 años) fue asesinado en el cruce de la avenida Nicolás de Piérola con el jirón Uruguay, fue atacado por los pasajeros que llevaba hasta la zona.
El asesinato ocurrió junto a la iglesia Templo Faro (Inmaculada Concepción) y cerca de un parque en la zona.
Los detalles principales del crimen indican que la víctima fue interceptada por delincuentes que fingieron ser pasajeros para intentar robarle su vehículo y al resistirse al robo, le dispararon ocho veces mientras se encontraba dentro de su unidad.
No fue un robo, sino un caso de venganza
A pesar del ataque fatal, los criminales no lograron llevarse el vehículo y tras la aplicación del Plan Cerco por parte de la Policía Nacional lograron intervenir a dos adolescentes como sospechosos del asesinato.
Unos de los detenidos, conocido en el mundo del hampa con el alias de “Chatín”, confesó que tomaron el servios de taxi y conversando con el chofer, este les comentó que realizaba trabajo para un conocido criminal llamado el “Gordo Martín”.
Al enterrase de esto, alias de “Chatín” le disparó acabando con la vida del conductor, por considerarlo de una banda delincuencial rival.
Así lo confesó el adolescente detenido, ya que miembros de la banda de alias el “Gordo Martín” habrían asesinado a su hermano, por lo que decidió tomar venganza por el hecho.
Penas para adolescentes sicarios
En el marco legal en nuestro país para adolescentes implicados en sicariato ha cambiado drásticamente debido a reformas recientes que endurecen las sanciones.
Desde mayo de 2025, con la promulgación de la Ley 32330, los adolescentes de 16 y 17 años que cometan delitos graves como el sicariato, extorsión o terrorismo son considerados penalmente imputables dentro del sistema ordinario.
Cabe señalar que, las penas recibir condenas que oscilan entre 15 a 25 años de prisión y en situaciones de sicariato agravado, la norma contempla la posibilidad de imponer cadena perpetua.
Los adolescentes condenados deben cumplir su sentencia en centros penitenciarios aunque bajo un régimen de tratamiento especial separado de los adultos de mayor edad hasta cumplir los 18 o 21 años, según el caso.
