El 2 de septiembre de 2024, Ángel, un joven estudiante de enfermería, recibió varios disparos al enfrentar a dos delincuentes que intentaban asaltar a su amiga cuando se dirigían a estudiar. Hoy, casi diez meses después, él continúa con dos proyectiles alojados en su cuerpo y una vida marcada por el dolor y las secuelas físicas. Sin embargo, la Fiscalía ha clasificado el caso como “lesiones”, una decisión que su familia califica como una burla.
“Mi hijo no sufrió solo una lesión. Pasó por cinco operaciones, una neumonía, infecciones severas. Vive con balas que no pueden ser extraídas y con un dolor constante que no le permite hacer su vida con normalidad”, declaró entre lágrimas Maribel, madre del joven, en una entrevista con Buenos Días Perú.
El ataque fue registrado por cámaras de seguridad. En las imágenes se ve cómo Ángel reacciona al asalto, empuja a su amiga para protegerla y forcejea con uno de los delincuentes, quien le dispara varias veces. A pesar de sus heridas, el joven logró caminar unos metros para asegurarse de que su compañera estuviera a salvo antes de desplomarse.
VIVE CON DOS PROYECTILES ALOJADOS EN SU CUERPO
Hoy, Ángel convive con dolor crónico, limitaciones físicas y un tratamiento médico constante que su familia apenas puede costear. “Un golpe leve en una combi me hace llorar del dolor. No puedo agacharme ni cargar peso como antes. Mi vida cambió por completo”, relató el joven.
Lo más indignante para la familia es la tipificación legal del caso. La fiscal Gabriela Pantaleón Valencia ha clasificado el ataque como un caso de robo con lesiones, ignorando —según la familia— la intención homicida evidente en el accionar de los atacantes.
“Nos sentimos desamparados. Es injusto que mi hijo haya estado al borde de la muerte y que nos digan que fue solo una lesión. Mientras tanto, los delincuentes están libres. Viven tranquilos mientras nosotros seguimos pagando por una tragedia”, denunció Maribel.
La declaración oficial de Ángel ante el Ministerio Público está programada recién para el 17 de julio, casi once meses después del atentado. La familia ha solicitado apoyo legal para apelar la decisión fiscal y lograr que el caso sea revaluado como tentativa de homicidio o, al menos, como robo agravado.
