Comerciantes del emporio comercial de Gamarra anunciaron que este 23 de octubre cerrará sus puertas entre las 7:00 a.m. y las 2:00 p.m. en una marcha hacia Palacio de Gobierno. El motivo de esta movilización es exigir al Ejecutivo que asuma su responsabilidad en garantizar la seguridad ciudadana, una preocupación que afecta no solo a los empresarios del centro textil, sino a todo el país.
Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, indicó que la decisión de paralizar las actividades fue tomada en una asamblea general con la participación de todos los gremios y sectores del emporio. “Gamarra es un reflejo del país. La inseguridad nos afecta a todos: empresarios, trabajadores, familias y clientes. Hoy es un problema nacional", señaló a Buenos Días Perú.
"LA VIDA Y SEGURIDAD NO TIENEN PRECIO"
El cierre del emporio, que generará pérdidas estimadas en 20 millones de soles, es un sacrificio que, según la dirigente, vale la pena por la seguridad de las personas. "La vida y la seguridad no tienen precio. Necesitamos que la presidenta entienda que la situación no da para más. Si no puede o no quiere hacer su trabajo, que lo diga", expresó.
"NO HAY ESTRATEGIA"
En los últimos meses, Gamarra ha sido el epicentro de constantes actos de delincuencia, extorsión y sicariato, que afectan gravemente a los comerciantes y a la economía del país. En esa línea, Saldaña denunció que, a pesar de los operativos anunciados por el ministro del Interior, Juan José Santivañez, la falta de una estrategia clara ha permitido que el crimen organizado continúe operando. "No hay estrategia. Los operativos no están limitando al crimen organizado, la extorsión sigue", aseguró.
Uno de los principales problemas que alimenta la delincuencia en Gamarra es la presencia de más de 8 000 comerciantes informales, quienes, según Saldaña, están directamente vinculados al cobro de cupos. "Lo hemos denunciado todos los días, todo el año. Mientras esto no se solucione, el crimen seguirá creciendo", explicó.
Además de la inseguridad, Saldaña criticó las leyes vigentes, que considera que beneficia a los delincuentes. Pidió al Congreso modificar o derogar la ley que, en su opinión, facilita que el crimen organizado opere con impunidad. También expresó su rechazo al proyecto de ley de terrorismo urbano promovido por el Ejecutivo, argumentando que no aborda el problema de raíz, que es la extorsión y el sicariato. “Este proyecto criminaliza la protesta, y no vamos a estar de acuerdo con ello”, dijo.
