El ex presidente Alan García Pérez fue citado a concurrir el vienes 12 de agosto a la sala judicial que ventila el caso de la interceptaciones telefónicas imputadas a la empresa Business Track (BTR).
Según confirmó la Oficina de Prensa de la Corte Superior de Lima, García Pérez aparece en el rol de citaciones, en condición de agraviado, para concurrir a las 09:30 horas al juicio oral que lleva a cabo el Colegiado “A” de la Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel, que preside el juez Iván Sequeiros.
Junto a García Pérez también han sido citados a la misma hora, en calidad de agraviados, el congresista Javier Diez Canseco, el ex canciller José Antonio García Belaunde, Ricardo Letts Colmenares, Nicolás Lucar y Fernando Tuesta.
La Corte de Lima informó que la misma sala citó para el viernes 5 de agosto, a Rómulo León Alegría, Alberto Quimper Herrera, a la congresista Luciana León Romero y al abogado César Nakasaki Servigon, entre otros como testigos presentados por el Ministerio Público, para prestar sus declaraciones en el juicio oral en el “Caso BTR”
Hoy, Fernando Rospigliosi Capurro reafirmó que los dos CDS que contenían el audio de la conversación entre Rómulo León y Alberto Quimper, le llegaron en forma anónima a su domicilio y que las entregó a un programa televisivo y a la Fiscalía.
Asimismo señaló como falsas las declaraciones del ex congresista Jorge del Castillo, quien lo acusó de ingresar equipos de interceptación a las comunicaciones durante su gestión como ministro del Interior.
El congresista Mauricio Mulder Bedoya dijo no conocer a los miembros de BTR y que nunca solicitó sus servicios. Además reconoció la interceptación de su correo personal que contenía un artículo de opinión y su currículum vitae.
El juicio oral por el caso BTR se inició el 18 de mayo pasado contra Gisselle Giannotti, Elías Ponce, Jesús Ojeda, Martín Fernández, Jesús Tirado, Alberto Salas, Pablo Martell y Carlos Tomasio, todos representantes de la empresa Bussines Track.
Los ocho acusados son procesados por los delitos de interceptación telefónica y asociación ilícita para delinquir, en perjuicio de 317 personas, entre políticos, empresarios, periodistas y otros.
