La Comisión de Constitución del Senado continuó el debate sobre la delegación de facultades legislativas solicitada por el Poder Ejecutivo, en una sesión que se prolongó por más de tres horas. Durante la jornada participaron representantes de la sociedad civil, entre ellos bodegueros, empresarios del sector gastronómico y representantes de la manufactura, quienes expusieron cómo la extorsión, el crimen organizado y el sicariato afectan sus actividades económicas.
Uno de los puntos centrales fue la intervención del exministro de Justicia y constitucionalista Víctor García Toma, quien explicó que el Senado puede modificar el texto aprobado por la Cámara de Diputados, pero sin exceder las materias previamente delimitadas: seguridad ciudadana y el fenómeno El Niño. Según precisó, cualquier incorporación debe mantener una conexión temática evidente con esos asuntos. Asimismo, advirtió que incluir disposiciones tributarias o relacionadas con el sistema bancario podría exceder los límites establecidos, dependiendo de su vinculación con las materias autorizadas.
Las declaraciones generaron cuestionamientos entre algunos legisladores de oposición, quienes expresaron sus discrepancias sobre el alcance de las modificaciones y señalaron posibles intereses políticos detrás de la consulta al especialista. García Toma también indicó que el concepto de «desnaturalizar», mencionado en la discusión, deberá adquirir un significado concreto mediante la interpretación que realice el Senado al aprobar la delegación de facultades. Su opinión, sin embargo, tiene carácter consultivo y no es vinculante, por lo que la decisión final corresponderá a los parlamentarios.
¿CUÁNDO PODRÍA LLEGAR AL PLENO?
La comisión tiene previsto continuar con el debate político y la revisión del texto antes de someterlo a votación. Según lo informado durante la sesión, se espera que la propuesta llegue al pleno del Senado el lunes siguiente. La controversia se centra en los límites de la capacidad revisora de la Cámara de Senadores bajo el actual sistema bicameral y en determinar hasta dónde pueden modificarse las disposiciones aprobadas inicialmente por los diputados.
