Las amenazas contra la vida del fiscal Leonardo Guffanti Parra, vinculado a investigaciones contra organizaciones criminales, han encendido las alertas dentro del Ministerio Público y puesto nuevamente en discusión las condiciones de seguridad con las que trabajan los fiscales especializados en criminalidad organizada.
Guffanti Parra está relacionado con investigaciones sensibles, entre ellas el robo de oro ocurrido en la Costa Verde y casos vinculados a presuntas redes criminales del Cono Norte. Según el material difundido, información de inteligencia habría advertido sobre un posible riesgo de ataque contra el fiscal y algunos de los espacios que ocupa como parte de sus funciones.
El fiscal también habría recibido mensajes extorsivos en el celular institucional de su despacho. En estos mensajes, además de insultarlo, los remitentes le exigían que se “alinee”, según el testimonio incluido en el reporte.
Fiscales sin resguardo policial
Jorge Chávez Cotrina, coordinador nacional de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada, advirtió que el problema no se limitaría al caso de Guffanti. Señaló que existen fiscalías contra el crimen organizado en distintas regiones del país, pero que ninguna de sus sedes cuenta actualmente con resguardo policial permanente.
El funcionario sostuvo que esta situación deja expuestos a los fiscales y a los trabajadores de estas dependencias frente a posibles atentados. Según Chávez Cotrina, más de 25 fiscales vienen siendo amenazados en diferentes partes del país, una situación que genera preocupación debido a las investigaciones que desarrollan contra organizaciones criminales.
