Seis funcionarios de la ONPE continúan trabajando en la institución pese a estar comprendidos en las investigaciones de la Contraloría por presuntas irregularidades detectadas durante el proceso electoral. El informe, difundido por la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, advierte observaciones en contrataciones, logística y decisiones que habrían afectado a más de 55 mil electores.
La investigación también reveló que dos de los trabajadores involucrados ya tenían carpetas fiscales abiertas desde el 2021. Se trata de Yuvitza Aguilar Ticona, investigada por presunto cohecho y colusión, y Roberto Montenegro Vega, investigado por organización criminal.
Según la Contraloría, los funcionarios habrían aplicado criterios no contemplados en procesos de selección, aprobado prestaciones sin sustento y omitido medidas para garantizar el correcto desarrollo de las elecciones. Las observaciones también alcanzan a la empresa Gálaga por una operación logística considerada incompleta.
La ONPE sostuvo mediante un comunicado que las investigaciones fiscales no constituyen una determinación de responsabilidad y precisó que los funcionarios continúan laborando mientras avanzan los procedimientos administrativos correspondientes. La entidad aseguró además que viene fortaleciendo sus mecanismos de supervisión y control interno.
