La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) se encuentra en el centro de la polémica tras la difusión de documentos que evidenciarían graves irregularidades en el desarrollo del proceso electoral. Entre los hallazgos más preocupantes figuran 18 actas electorales de dos zonas de Lima reportadas como extraviadas el pasado 19 de abril, las cuales estaban almacenadas digitalmente en un USB que actualmente se encuentra inubicable. Esta situación ha incrementado la incertidumbre en torno a la transparencia de los resultados.
ACTAS PERDIDAS Y DECISIONES CUESTIONADAS
A esto se suma la revelación del subgerente de producción electoral de la ONPE, Juan Phang, quien informó a la Contraloría que dentro de la institución ya se tenía conocimiento de retrasos en la distribución del material electoral. Según su testimonio, se recibió la orden de no entregar equipos informáticos —como laptops, impresoras y módems— debido a que no se utilizaría la solución tecnológica de apoyo al escrutinio, pese a que estos recursos habían sido previamente adquiridos.
Asimismo, se detalló que cerca de 30,000 equipos debían ser distribuidos entre el 20 de marzo y el 4 de abril en Lima y Callao; sin embargo, la entrega se realizó recién el 7 de abril, incumpliendo los plazos establecidos. Para especialistas, estos hechos podrían configurar no solo negligencia, sino también responsabilidad administrativa grave, al tratarse de fallas que habrían podido prevenirse.
De acuerdo con la Ley Orgánica de Elecciones (Ley 26859), los casos de actas con irregularidades son derivados a los jurados electorales especiales, quienes determinan si estas pueden ser validadas, corregidas o anuladas. No obstante, se estima que solo en este caso estarían comprometidos más de 5,000 votos, lo que agrava la crisis y deja serias dudas sobre la legitimidad de los resultados finales del proceso electoral.
