En el actual proceso rumbo a las Elecciones Generales 2026, casi 10 mil postulantes han inscrito sus candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), y dentro de ese universo más de 250 han consignado en sus hojas de vida haber recibido condenas penales. La cifra refleja un escenario complejo, marcado por la escasa depuración interna de las listas partidarias y por una oferta electoral que llega a la recta final con múltiples cuestionamientos.
Antecedentes judiciales y reglas electorales vigentes
Entre los aspirantes al Congreso de la República se identifican al menos 18 candidatos a diputados y senadores con sentencias por delitos como peculado, difamación y comercialización ilegal de mercadería, de acuerdo con la información recopilada. La normativa electoral peruana permite postular a quienes ya cumplieron condena por delitos considerados comunes, pero sí prohíbe las candidaturas vinculadas a ciertos ilícitos de corrupción, aunque en los registros declarados todavía aparecen antecedentes de ese tipo.
El análisis de los datos muestra que los partidos tradicionales concentran buena parte de los postulantes con condenas. Perú Libre registra 15 candidatos con antecedentes penales, mientras que Alianza para el Progreso suma 13. A ellos se agregan otras organizaciones con cifras relevantes, en un contexto en el que los filtros partidarios previos han sido mínimos o inexistentes.
Podemos Perú, liderado por José Luna —actualmente investigado por el Ministerio Público por presunta organización criminal— encabeza la lista de agrupaciones con mayor número de candidatos sentenciados. Le sigue Fuerza Popular, que reporta 15 postulantes con condenas por delitos como estafa genérica, hurto agravado y falsedad ideológica, lo que vuelve a poner en debate la calidad de la representación que podría llegar al próximo Parlamento.
Los hallazgos forman parte de un trabajo de sistematización realizado por “El Poder en tus Manos” de RPP, con el apoyo de especialistas encabezados por José Luis Gargurevich, director ejecutivo de Proética. A menos de un año de los comicios, la información disponible obliga a la ciudadanía a revisar con atención los perfiles que figuran en la cédula de votación, en un escenario donde la mejora del Congreso sigue siendo una promesa en disputa.
