Acción Popular atraviesa uno de los momentos más complejos de su historia reciente tras quedar excluido de las elecciones generales de 2026 por presuntas irregularidades en su proceso interno. En un plenario nacional realizado con participación de militantes acreditados, el partido adoptó decisiones clave para afrontar la crisis política y orgánica que lo mantiene al margen de la contienda presidencial.
Acción Popular redefine su rumbo tras quedar fuera de las elecciones 2026
Entre los principales acuerdos, la dirigencia determinó que ningún militante de Acción Popular podrá postular en las elecciones nacionales de 2026 como invitado de otra organización política. Esta medida deja fuera de carrera electoral a figuras conocidas del partido, como Víctor Andrés García Belaúnde, Maricarmen Alva y el actual congresista Edwin Martínez, quienes ya no podrán participar bajo otra bandera política.
Durante el mismo plenario, también se resolvió declarar la vacancia de Alfredo Barnechea como presidente del plan de gobierno del partido. La decisión se sustentó en su ausencia en la reunión y en el incumplimiento de la presentación del plan programático, lo que fue interpretado por los asistentes como una falta grave y una muestra de desinterés frente a la coyuntura que enfrenta la agrupación.
El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, reconoció que el escenario para el partido sigue siendo incierto y anunció la convocatoria a un nuevo proceso interno para renovar la dirigencia y el comité electoral. Este paso, según explicó, busca recomponer la institucionalidad partidaria y encaminarse hacia la participación en las elecciones regionales y municipales. No obstante, el plenario se desarrolló en un clima de fuerte tensión interna, con cuestionamientos a la acreditación de delegados y denuncias cruzadas entre dirigentes.
En paralelo, la expresidenta del comité electoral, Cinthia Pajuelo, quien enfrenta un proceso penal por la presunta suplantación de delegados en las primarias, afirmó que colaborará con la fiscalía y aseguró contar con pruebas sobre las irregularidades denunciadas. Además, denunció haber recibido amenazas de muerte y responsabilizó directamente a Julio Chávez por cualquier atentado contra su integridad, profundizando así la crisis política y legal que golpea a Acción Popular.
