La controversia política en torno a la fiscal suprema suspendida Delia Espinoza continúa intensificándose tras su reciente inhabilitación por 10 años aprobada por el Congreso de la República. La exfiscal de la Nación, quien ha asegurado que no se rendirá, sostiene que la decisión parlamentaria vulneró principios básicos del debido proceso y anunció que agotará todas las herramientas legales para revertir la sanción. El caso ha reavivado comparaciones con el proceso seguido anteriormente contra Patricia Benavides, generando nuevamente un escenario de confrontación dentro del Ministerio Público.
Inhabilitación de Delia Espinoza: contexto legal y disputa política
Espinoza afirmó que ya prepara recursos constitucionales y acciones de amparo, además de denuncias por presuntas irregularidades cometidas durante el procedimiento legislativo. Señaló que su defensa fue afectada cuando, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, se restringió la transmisión pública solicitada por su abogado, lo que —según dijo— contravino el reglamento. La acusación principal en su contra estuvo relacionada con el reglamento de actuación fiscal sobre el delito de organización criminal, aunque ella sostiene que dicho documento fue elaborado por el entonces fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena.
Desde el Congreso, la inhabilitación ha sido interpretada por analistas como una decisión impulsada por cálculos políticos y por la capacidad de las bancadas para reunir votos, más que por un análisis jurídico profundo. Para determinados sectores parlamentarios, Espinoza representaba una figura incómoda en medio de disputas internas del sistema de justicia. No obstante, sus críticos recuerdan que la fiscal también adoptó posturas firmes frente a fallos judiciales vinculados a Benavides, lo que ha alimentado la percepción de que ambos casos comparten tensiones similares.
En medio del clima polarizado, Espinoza ha reiterado que su intención es retornar al cargo si una decisión judicial eventualmente le da la razón. Sin embargo, el tiempo juega un rol determinante: un proceso de amparo podría prolongarse durante meses. Mientras tanto, el debate político se ha desbordado con declaraciones altisonantes en el Parlamento y acusaciones cruzadas que han dejado en evidencia la profunda fractura entre actores del Ministerio Público y del Congreso. La discusión jurídica ha quedado relegada por un enfrentamiento cargado de descalificaciones y mensajes que elevan aún más la crispación.
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