El Pleno del Congreso no logró los votos necesarios para aprobar el informe final sobre las denuncias constitucionales 547 y 575, acumuladas contra el expresidente Pedro Castillo, que proponía su inhabilitación por diez años por el presunto golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. De igual forma, tampoco se alcanzó la mayoría para inhabilitar a la expresidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, ni al exministro del Interior, Willy Huerta Olivas.
En el debate, Castillo Terrones, desde el penal de Barbadillo, negó los cargos y sostuvo que se le acusa injustamente de rebelión, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública. “No se ha podido probar lo que aduce el Congreso para inhabilitarme por 10 años”, afirmó. Por su parte, Betssy Chávez y su abogado defendieron que la exjefa de gabinete es una “perseguida política” que requiere salvoconducto, mientras Huerta Olivas reiteró su inocencia y prometió demostrarla ante las autoridades.
El debate legislativo estuvo marcado por la división de opiniones. Congresistas como Pasión Dávila, Jaime Quito y Guido Bellido defendieron a Castillo, calificando las acusaciones de injustas y solicitando el archivo del caso. Otros, entre ellos Eduardo Salhuana, Alejandro Cavero y José Williams, sostuvieron que el exmandatario incurrió en un intento de golpe de Estado y en infracción constitucional, descartando que el juicio tenga motivaciones de racismo o clasismo.
La votación final reflejó la falta de consenso: solo 44 legisladores votaron a favor de inhabilitar a Castillo, con 31 en contra y 3 abstenciones; en el caso de Betssy Chávez, hubo 53 votos a favor, 22 en contra y 4 abstenciones; y para Willy Huerta, 44 votos a favor, 29 en contra y 8 abstenciones. Con ello, los tres exfuncionarios continuarán habilitados para ejercer cargos públicos, mientras el Congreso cierra este capítulo de las denuncias constitucionales.
