La congresista María Acuña Peralta, de Alianza para el Progreso (APP), enfrenta serios cuestionamientos éticos y legales tras revelarse que asumió la presidencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales mientras era investigada por los presuntos delitos de fraude procesal y denuncia calumniosa. El caso, que data de 2022, involucra un litigio por más de una docena de terrenos en Chiclayo, cada uno valorizado en 40 mil dólares.
Especialistas advierten que esta situación no solo podría derivar en una investigación en la Comisión de Ética del Congreso, sino también poner en riesgo la validez de los procesos abordados durante su gestión al frente de dicha subcomisión. “Esto podría acarrear la nulidad de procedimientos si se comprueba que participó dolosamente mientras enfrentaba una investigación penal”, advirtió el abogado penalista Andy Carrión.
MARÍA ACUÑA SE DEFIENDE
En su defensa, Acuña respondió mediante un comunicado que “la prohibición del reglamento aplica solo a congresistas implicados en procesos penales cuando hay una acusación fiscal y su aprobación por un juez, algo que no ha ocurrido, ya que el Ministerio Público ha solicitado el archivamiento del caso”.
Sin embargo, los cuestionamientos hacia la legisladora no terminan ahí. También se le vincula con presuntas irregularidades como la solicitud de una concesión minera pese a existir un impedimento legal, así como denuncias públicas por la invasión de un parque en Surco y de un terreno en Pimentel, Chiclayo.
