La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, enfrenta una nueva y más severa acusación por parte del equipo especial Lava Jato. El fiscal José Domingo Pérez ha solicitado 35 años de cárcel efectiva por los presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y falsedad genérica, elevando la pena inicialmente propuesta de 30 años. Esta acusación se relaciona con los presuntos aportes ilícitos recibidos por Fujimori en sus campañas de 2011 y 2016. "Si sentenciaron a Ollanta Humala y Nadine Heredia por lavado de activos, lo mismo podría ocurrir en el caso de la señora Keiko Fujimori", señaló un periodista al respecto, destacando el precedente judicial en este tipo de casos.
Control de acusación podría demorar años, según expertos
El proceso ahora entra en la etapa conocida como “control de acusación”, una fase clave en la que el Poder Judicial debe revisar la solidez del expediente fiscal antes de dar pase al juicio oral. Según el abogado penalista Javier Aguirre, este paso podría tomar bastante tiempo: “La vez pasada duró casi dos años y medio ese control de acusación. Esperemos que no dure todo ese tiempo ahora”. Aguirre advierte que si el documento fiscal presenta deficiencias similares a las de anteriores versiones, un juez “lo suficientemente valiente” podría rechazarla de inmediato: “Si usted no me corrige eso, terminó el asunto para mí, no hay acusación y terminó el partido”.
Uno de los cambios importantes en esta nueva acusación es la reducción significativa de los imputados. Mientras que el expediente anterior incluía a más de 40 personas, el actual se ha limitado a 14 personas naturales y dos jurídicas. “La acusación anterior tenía más de 40 imputados y eso provocaba que estas audiencias sean larguísimas”, explicó Aguirre. Esta reducción, que también incluye el retiro de varios testigos, busca agilizar el proceso y evitar los dilatados plazos del pasado. A pesar de ello, figuras como Mark Vito, Pier Figari y Ana Herz de Vega siguen siendo parte del proceso, como presuntos miembros de la red que habría canalizado aportes ilegales de la constructora Odebrecht.
Keiko Fujimori aún no se ha pronunciado sobre esta nueva ofensiva judicial. Según se informó, la que sí se ha expresado es su abogada Giuliana Loza, aunque sin brindar mayores detalles. Mientras tanto, Fujimori continúa activa en redes sociales y publicando contenido en su canal de YouTube. La incertidumbre sobre el desarrollo del juicio persiste, pero tanto la fiscalía como la defensa parecen prepararse para una nueva batalla legal, cuyo desenlace aún está lejos de definirse.
