Desde las primeras horas del lunes, un equipo de fiscales llegó a la vivienda del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, en La Molina para ejecutar una orden de allanamiento autorizada por el juez supremo Juan Carlos Checkley. La diligencia, realizada en el marco de una investigación por presunto abuso de autoridad, tenía como objetivo incautar documentos y dispositivos electrónicos que pudieran servir como pruebas en el caso.
Además del domicilio del ministro, fueron intervenidos su vehículo, su despacho ministerial en San Isidro y la vivienda de la administradora de su bufete de abogados. Santiváñez declaró haber colaborado con la Fiscalía y permitir el ingreso de los fiscales sin necesidad de descerraje. Sin embargo, cuestionó la legalidad de la medida. “Es la primera vez que veo un allanamiento en un caso de abuso de autoridad. Estas son medidas cautelares que afectan la inviolabilidad del domicilio”, señaló.
Esta investigación se origina a raíz de los audios entregados en agosto de 2024 por el capitán Junior Izquierdo, alias “Culebra”, ex amigo del ministro. En los audios, presuntamente, Santiváñez afirmaba que la presidenta Dina Boluarte le había pedido desactivar la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) como condición para su nombramiento. Pese a ello, el ministro del Interior ha evitado hasta el momento someterse al peritaje de voz solicitado por la Fiscalía en febrero.
¿ACUDIRÁ A LA FISCALÍA?
Luego del allanamiento, los fiscales se retiraron de la vivienda del ministro portando sobres cuyo contenido aún no se ha revelado. Mientras tanto, Santiváñez indicó que sigue evaluando junto a su equipo legal si comparecerá ante el Ministerio Público en el marco de esta investigación.
