En plena crisis económica, la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión reveló que los trabajadores del Congreso recibieron un bono de 20 mil soles como parte del convenio colectivo 2024-2025. Este beneficio, firmado por la gestión del entonces titular del Parlamento, Alejandro Soto, incluye además un aumento salarial del 15% y dos bonificaciones adicionales de 200 soles cada una. Según el abogado laboralista Ricardo Herrera, este sería “el mejor bono por cierre de pliego pactado en el Estado”.
Patricia Juárez, actual miembro de la Mesa Directiva, aseguró que este acuerdo fue heredado de la gestión anterior y que la directiva actual está obligada a cumplirlo. Sin embargo, Herrera cuestionó la legalidad del convenio, indicando que la Ley 31188 prohíbe que estos beneficios se extiendan a personal de confianza y directivos, contradicción que podría invalidar el documento. Además, el abogado advirtió que, si no se sustenta el origen de los fondos destinados al pago de estos beneficios, el convenio sería nulo.
El convenio colectivo, según su propia redacción, aplica a todo el personal activo del Congreso, lo que incluiría a asesores y personal de confianza de los congresistas, algunos de ellos inmersos en casos de presuntas irregularidades como “mochasueldos”. No obstante, desde el sindicato de trabajadores del Parlamento, afirman que únicamente los miembros sindicalizados se beneficiaron de estas disposiciones.
POLÉMICA POR BONOS
La revelación de estos jugosos beneficios ha generado críticas, considerando que se dan en un contexto de cuestionada producción legislativa y una percepción de desconexión con las necesidades del país. Especialistas y ciudadanos demandan transparencia y una revisión de los convenios colectivos para garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
