La Mesa Directiva del Congreso aprobó un acuerdo que permitirá que los honorarios de los abogados de congresistas y excongresistas sean cubiertos con recursos públicos. Este beneficio se aplicará en diversos procesos judiciales relacionados con el desempeño de sus funciones legislativas, de control político y representativas. Sin embargo, la medida no incluye los casos de acusaciones constitucionales derivadas del mismo Parlamento.
El acuerdo, que ha sido objeto de controversia, señala que los congresistas podrán recibir defensa y asesoría legal gratuita siempre que se encuentren involucrados en una acción jurisdiccional vinculada a su trabajo parlamentario. Además, los miembros de la Mesa Directiva también podrán acogerse a este beneficio en casos relacionados con decisiones administrativas tomadas de manera colegiada o unilateral por el presidente del Congreso.
La medida ha generado críticas en algunos sectores de la sociedad, ya que implica que los ciudadanos, a través de sus impuestos, financiarán la defensa legal de los legisladores investigados e inmersos en procesos judiciales. La falta de respuestas claras sobre los criterios para aprobar este acuerdo ha avivado el debate sobre el uso de los fondos públicos en situaciones de este tipo.
CONTINÚA LA POLÉMICA
Hasta el momento, el presidente de la Mesa Directiva, Eduardo Salhuana, no ha respondido a las consultas de los medios sobre las justificaciones de esta decisión. La medida está siendo monitoreada por diferentes grupos que cuestionan la necesidad de este tipo de beneficios en medio de la situación económica del país.
