Esta noche, la Fiscalía de la Nación ha dado un paso decisivo al presentar una denuncia constitucional contra el congresista José Arriola, miembro del partido Acción Popular.
La denuncia, que fue anunciada a través de las redes sociales del Ministerio Público, acusa a Arriola de la comisión de delito de concusión, afirmando que el parlamentario ha recortado sueldos a siete trabajadores de su despacho para solicitarles donativos en alimentos e implementos de cocina.
Presiones y recortes de sueldo
De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, desde diciembre de 2021, Arriola ha estado involucrado en prácticas cuestionables, exigiendo a sus empleados contribuciones que equivalen al 10% de sus salarios mensuales y al 15% de sus bonificaciones.
Las contribuciones, etiquetadas como "donaciones voluntarias", se formalizaban mediante la firma de documentos de declaración jurada de intereses. Los trabajadores afectados fueron advertidos de que, si no estaban de acuerdo, perderían sus empleos.
Cómplice en las sombras
La investigación también ha revelado que Yolanda Ysabel Cuya Llajaruma, quien fungió como secretaria y cajera de los recortes de sueldo hasta diciembre de 2023, colaboró estrechamente con Arriola en la ejecución de estas prácticas.
Su papel como intermediaria en la recolección y manejo de los fondos obtenidos ha sido crucial para el desarrollo de la investigación, añadiendo un nivel adicional de complicidad en el caso.
