El abogado penalista Andy Carrión se refirió a la decisión del Tribunal Constitucional (TC) de ordenar la liberación del expresidente Alberto Fujimori, quien había sido condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Además, sobre el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre este caso.
En este contexto, el jurista destacó que Perú es signatario del Tratado de San José, lo que implica que el Estado está sujeto a la jurisdicción internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En consecuencia, subrayó la importancia de respetar las sentencias y resoluciones emitidas por este organismo.
"No podemos seleccionar únicamente el cumplimiento de la sentencia y obviar las resoluciones de cumplimiento de la Corte IDH, que recientemente ha instado al Estado a abstenerse de liberar a Alberto Fujimori", señaló el abogado.
Asimismo, hizo hincapié en que el Estado peruano debe acatar no solo las sentencias de la Corte IDH, sino también las resoluciones de supervisión de cumplimiento emitidas por dicho organismo.
En cuanto a las posibles repercusiones, mencionó que el poder ejecutivo deberá justificar ante la Corte Interamericana y la Organización de los Estados Americanos (OEA) por qué permitió la liberación de Fujimori, ante eventuales recursos presentados por esta institución.
PAGO DE REPARACIÓN CIVIL
Finalmente, con relación al pago de reparaciones civiles por parte de Alberto Fujimori, que la procuraduría estima en 57 millones de soles, el abogado enfatizó que el indulto no exime al expresidente de esta obligación hacia el Estado peruano.
"El hecho de haber sido indultado no exime la responsabilidad de cumplir con el pago de la reparación civil. Es diferente la falta de recursos para hacerlo, pero eso no anula la obligación que tiene ante el Estado peruano", añadió Carrión.
