El gobierno, a través del premier Alberto Otárola y el Ministerio de Justicia, anunció una serie de decretos destinados a expulsar a extranjeros en situación irregular con el fin de frenar la delincuencia.
Pero, existe la posibilidad de que el gobierno venezolano rechace recibir a sus compatriotas expulsados, tal como ocurrió en 2022 durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Esto plantea un desafío adicional para la implementación efectiva de estos decretos.
Además, la promesa de Otárola parece estar lejos de ser una solución definitiva para la criminalidad. La expulsión de los extranjeros que cometen delitos graves no será inmediata, sino que se aplicará una vez que hayan terminado de cumplir su sentencia en Perú.
En el caso de Abraham Perozo y Angelbert Díaz, ambos de nacionalidad venezolana condenados a 35 años de prisión por asesinato, tendríamos que esperar que cumplan su sentencia completa antes de que puedan ser expulsados.
CIFRAS DEL INPE
Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), hay 4,094 extranjeros en prisión en Perú. De estos, 2,427 aún están en proceso de juicio y podrían ser liberados en cualquier momento, lo que les permitiría seguir cometiendo delitos con impunidad. De los restantes 1,667, que ya tienen una sentencia, solo a ellos se les podría aplicar la expulsión.
Aunque la ley establece que los extranjeros expulsados no podrán regresar a Perú durante 15 años, existe el riesgo de que estos exconvictos ignoren la prohibición y regresen, aprovechando la escasa seguridad en nuestras fronteras.
