El gobierno peruano deberá responder ante organismos internacionales por la muerte de decenas de peruanos en las violentas manifestaciones en el sur del Perú.
El informe deberá ser enviado en un plazo de dos meses y en el Congreso consideran que la presidenta Dina Boluarte debe aclarar todas las dudas sobre los procedimientos de las fuerzas del orden.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó al Ejecutivo remitir un informe sobre el supuesto uso excesivo de la fuerza en el control de las protestas en el país.
Según este organismo de la ONU, los métodos utilizados por la fuerza pública habrían ocasionado ejecuciones extrajudiciales y detenciones supuestamente arbitrarias.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos solicitó conocer el estado actual de las investigaciones judiciales sobre los supuestos homicidios durante las protestas.
De igual manera solicita la legislación y las políticas vigentes para prevenir el uso excesivo de la fuerza en manifestaciones. Por último, el organismo internacional también pide información sobre la base legal para realizar allanamientos durante las protestas, en relación al operativo realizado en la Universidad Mayor de San Marcos.
REACCIONES
Para el congresista Héctor Valer esta es la oportunidad para que el Gobierno peruano aclare y demuestre la actuación legítima de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas.
“El Perú debe esclarecer de que acá no hubo solamente levantamiento social en paz, sino que hubo una violencia contra el orden público, inclusive hubieron infiltrados del terrorismo como así ya lo ha determinado el poder judicial con la prisión preventiva de algunos que estuvieron participando en este proceso”, señaló.
