El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria desestimó el cese de prisión preventiva solicitado por la exjefa del Gabinete Ministerial, Betssy Chávez. La exministra está siendo investigada por supuestos delitos de rebelión y conspiración en perjuicio del Estado.
Chávez Chino, cumple prisión preventiva en el penal Anexo Mujeres de Chorrillos desde el 22 de junio, tras el golpe de Estado llevado a cabo por el expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022. La decisión de mantener a Chávez en prisión fue apoyada por la Corte Suprema, que previamente había rechazado un recurso de apelación de la fiscalía para desestimar la prisión preventiva de la exministra.
PRESUNTO RIESGO DE FUGA
Los detalles judiciales revelan que la decisión tomada está fundamentada en un presunto riesgo de fuga por parte de Chávez. Se indica que la exministra habría intentado buscar refugio en la Embajada de México después del golpe de Estado.
También se evaluó que Chávez no posee vínculos consistentes que garanticen que enfrentará la investigación en libertad. La audiencia presidida por César San Martín, juez de la Corte Suprema de Justicia, respaldó la orden de arresto contra Chávez tras revocar la decisión inicial que imponía restricciones sobre su libertad.
La fiscalía dispone de testimonios que implican a Chávez en los delitos. Uno de ellos indica que la exministra dirigió a un equipo de TV Perú Noticias desde el despacho presidencial hasta la oficina en la que Castillo anunció la disolución del Congreso, la intervención del sistema de justicia y la instauración de un régimen de excepción.
TESTIMONIOS REVELADORES
Una reportera de TV Perú, quién estuvo presente en el Palacio de Gobierno durante el anuncio, declaró que después de escuchar el mensaje del expresidente, Chávez mencionó que ella "emitiría el decreto supremo" de la disolución y que planeaban "reestructurar" el Estado.
Adicionalmente, la fiscalía halló en el Palacio de Gobierno un decreto ley preparado por Castillo que planeaba disolver el Congreso y convocar elecciones para completar el periodo constitucional, según informó Willax TV, quien tuvo acceso al documento.
Este caso también ha puesto bajo investigación a los exministros Willy Huerta (Interior) y Roberto Sánchez (Comercio Exterior y Turismo), y a Aníbal Torres, el que entonces era asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
