Tras el escándalo de la vacunación secreta contra el COVID-19, las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete fueron incluidas en la investigación preliminar que abrió la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, que abrió días atrás al expresidente Martín Vizcarra por el mismo caso.
Los tres ex altos funcionarios son investigados por los presuntos delitos de concusión y negación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, luego de revelarse que integraron un grupo de 487 personas que fueron inoculadas irregularmente contra la COVID-19.
Según el código penal, en el caso de delito de concusión, la pena es no menor de dos ni mayor de 8 años de prisión, mientras que la negación incompatible tiene una pena no menor de cuatro ni mayor de seis años.
DENUNCIAS CONTRA VIZCARRA
El presunto aprovechamiento de su cargo como presidente de la República para acceder a la vacuna contra la COVID-19 ha provocado una lluvia de denuncias en su contra.
El ex jefe de Estado, suma ya siete denuncias en el Congreso de la República, cada una de ellas de diferente bancada pero todas con el objetivo de impedir que ejerza algún cargo público.
En ese sentido, el exprocurador anticorrupción, Antonio Maldonado, indicó que en este caso es claro que Vizcarra cometió infracción a la constitución.
