Tras el fuerte sismo de 6.0 que sacudió la región y las posteriores réplicas, en la Municipalidad Provincial del Santa se realizó una sesión extraordinaria del Comité de Defensa Civil donde se resolvió suspender las fiestas programadas por Año Nuevo en Chimbote. La medida se adoptó con el objetivo de priorizar la seguridad ciudadana ante el riesgo sísmico, en un contexto de alerta y evaluación de daños.
CUESTIONAMIENTOS LEGALES
La decisión, no obstante, generó críticas desde el ámbito legal. Julio Roncal, asesor legal de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Región Áncash (Acurea), afirmó que el acuerdo del Comité de Defensa Civil no tendría sustento legal. “Esta plataforma (el Comité de Defensa Civil) tiene funciones específicas y dentro de estas no está adoptar acuerdos para suspender actividades de funcionamiento”, señaló, precisando que su rol se limita a proponer para la emisión de ordenanzas orientadas a proteger la vida de los ciudadanos.
Roncal añadió que, incluso si el alcalde emitiera una ordenanza municipal prohibiendo las festividades, esta también sería ilegal si pretende suspender autorizaciones ya otorgadas. Explicó que, para dejar sin efecto permisos concedidos con participación de Defensa Civil, debería iniciarse un proceso de revocación, lo que podría derivar en indemnizaciones a los locales o empresarios afectados.
INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
En ese escenario, el especialista sostuvo que corresponde la intervención de la Fiscalía de Prevención del Delito, a fin de solicitar el acuerdo adoptado en el comité y emitir exhortaciones y recomendaciones conforme a ley. Según indicó, el Ministerio Público debería advertir a la autoridad municipal sobre los límites legales de sus decisiones para evitar vulneraciones a derechos previamente adquiridos.
Mientras la población permanece en alerta por la actividad sísmica, el debate legal se intensifica en Chimbote. La suspensión de las fiestas de Año Nuevo, adoptada en un contexto de emergencia, abre un frente de discusión sobre seguridad, legalidad y responsabilidades de las autoridades locales frente a eventos ya autorizados.
