Declarar a determinadas bandas criminales como “grupos hostiles” implicaría reconocer que algunas organizaciones delincuenciales representan una amenaza de tal magnitud que podrían ser enfrentadas bajo una lógica distinta a la de un delito común. La propuesta del Ejecutivo busca ampliar la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado, especialmente contra estructuras con capacidad para desafiar directamente al Estado.
De acuerdo con el exdirector nacional de Inteligencia, José Luis Gil, para considerar a una organización como objetivo militar deben cumplirse tres condiciones: que tenga un nivel mínimo de organización, que posea la capacidad y decisión de enfrentar al Estado de manera prolongada mediante las armas y que participe directamente en hostilidades o colabore con ellas. Estos criterios permitirían diferenciar a una organización estructurada de una banda dedicada únicamente a actividades delictivas comunes.
La propuesta también contempla aprovechar las capacidades de inteligencia de las Fuerzas Armadas para identificar y ubicar a organizaciones criminales. El ministro de Defensa sostiene que es necesario adecuar el concepto de grupo hostil a la realidad peruana, debido al crecimiento de organizaciones con estructuras logísticas, económicas y operativas cada vez más complejas.
DIVERSAS POSTURAS
Sin embargo, la iniciativa genera cuestionamientos políticos y jurídicos. Algunos sectores del Congreso se oponen a ampliar esta categoría y al pedido de facultades legislativas planteado por el Ejecutivo. Actualmente, la figura de grupos hostiles está vinculada principalmente con organizaciones subversivas como los remanentes de Sendero Luminoso en el VRAEM y las disidencias de las FARC en el Putumayo. Por ello, el debate central es determinar hasta dónde puede llegar la intervención militar contra el crimen organizado y bajo qué reglas jurídicas.
