El general PNP en retiro y exministro del Interior, Remigio Hernani, se pronunció sobre el secuestro ocurrido en Trujillo y cuestionó las medidas planteadas por el Ejecutivo para enfrentar a las organizaciones criminales. El exalto oficial recordó que, durante la década de 1990, se implementaron mecanismos especiales para combatir delitos como el secuestro y la extorsión, medidas que, según afirmó, contribuyeron a reducir considerablemente estas actividades delictivas.
Hernani señaló que uno de los principales problemas actuales es el debilitamiento de las labores de investigación criminal e inteligencia dentro de la Policía Nacional. A su juicio, la lucha contra las bandas requiere fortalecer la inteligencia operativa, mediante seguimientos, identificación de integrantes, investigación de sus entornos y ubicación de armas y otros elementos vinculados con sus actividades. Asimismo, respaldó la permanencia del general PNP Óscar Arriola en las labores de inteligencia y sostuvo que su salida no resolvería la crisis de inseguridad.
Respecto al pedido del Ejecutivo para declarar a determinadas organizaciones criminales como grupos hostiles y permitir una mayor participación de las Fuerzas Armadas, el exministro diferenció la inteligencia militar de la inteligencia policial. Explicó que la Policía posee una especialización orientada a desarticular organizaciones criminales mediante investigaciones coordinadas con el Ministerio Público y el Poder Judicial. También planteó evaluar mecanismos de protección para magistrados, como jueces y fiscales sin rostro, ante el riesgo de amenazas y represalias por parte del crimen organizado.
SUGIERE MEDIDAS DRÁSTICAS
Finalmente, Hernani consideró que Trujillo requiere medidas drásticas frente al avance de las organizaciones criminales y pidió una investigación exhaustiva sobre el secuestro y los asesinatos relacionados con el caso. El exministro advirtió que tampoco debería descartarse la eventual participación de malos elementos de las fuerzas del orden, debido a indicios relacionados con el uso de armas largas y uniformes policiales. En ese sentido, sostuvo que las investigaciones deben determinar responsabilidades y que la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben trabajar de manera coordinada para enfrentar al crimen organizado.
