El operativo fiscal contra una presunta red de extorsión enquistada en la Municipalidad de La Victoria encendió las alertas en Gamarra. Tras el allanamiento a la vivienda del alcalde Rubén Cano y la detención de varios investigados, la presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú, Susana Saldaña, advirtió que las mafias podrían intentar recuperar los espacios públicos liberados en los últimos años en el emporio comercial más importante del país.
Durante una entrevista desde el Damero A de Gamarra, Saldaña aseguró que muchos de los detenidos eran señalados desde hace años por comerciantes y empresarios como presuntos operadores de cobro de cupos y lotización de calles. “Hemos denunciado durante años cómo actuaban estas organizaciones criminales”, afirmó, al recordar que incluso fiscalizadores municipales fueron asesinados mientras intentaban recuperar zonas tomadas por ambulantes y mafias dedicadas a la extorsión.
La dirigente empresarial también pidió no generalizar contra todos los trabajadores municipales y resaltó que la liberación de Gamarra solo fue posible gracias al trabajo conjunto entre fiscalizadores y policías que permanecieron de manera permanente en la zona. Sin embargo, alertó que actualmente ni siquiera existe la mitad de efectivos policiales que se prometieron para resguardar el Damero A, Damero B y avenidas cercanas. “Las mafias podrían aprovechar estos días de caos para volver a invadir Gamarra”, sostuvo.
Romy Chan: “Estamos frente a una presunta organización criminal enquistada en la municipalidad”
Por su parte, la abogada penalista Romy Chan explicó que las investigaciones fiscales apuntan a una presunta red criminal que habría operado durante años cobrando cupos a comerciantes informales. Según detalló, el esquema consistía en desalojar ambulantes de determinadas zonas para luego permitirles regresar a cambio de pagos diarios o mensuales. “Estamos hablando de millones de soles y de delitos de extorsión cometidos dentro de una organización criminal”, indicó.
Chan precisó además que el allanamiento a la vivienda del alcalde Rubén Cano respondería a la búsqueda de pruebas concretas dentro de una investigación que ya lleva varios años en marcha. La especialista señaló que, de encontrarse evidencias de incrementos patrimoniales injustificados, también podrían abrirse procesos por enriquecimiento ilícito. “La fiscalía debe seguir la ruta del dinero porque el dinero no desaparece”, enfatizó, mientras continúan las diligencias y se evalúan posibles pedidos de prisión preventiva contra los implicados.
