El anuncio del Ejecutivo sobre la prohibición del traslado de dos pasajeros en una motocicleta, como medida para enfrentar la criminalidad, ha generado un fuerte impacto social y rechazo inmediato entre los gremios de motociclistas, quienes cuestionan su eficacia y advierten una vulneración de derechos constitucionales. Según informó el general de la PNP Óscar Arriola, la restricción se aplicaría sin excepciones, lo que ha encendido la polémica.
Representantes del sector señalan que la disposición tendría un efecto negativo en miles de ciudadanos que utilizan la motocicleta como medio de transporte familiar y herramienta de trabajo. Para José Barrera, coordinador general de la Agremiación Voces Unidas del Motociclismo, la medida responde a un enfoque equivocado. “A todas luces es una medida populista que solo genera una cortina de humo”, afirmó, al sostener que el problema real radica en la falta de fiscalización y estrategia policial para combatir el delito.
En la misma línea, José Huamán, presidente de la Asociación Hermanos Unidos Perú, advirtió que la norma transgrede principios básicos. “Se vulnera el derecho al libre tránsito, a la igualdad y se estigmatiza al motociclista”, declaró, al recalcar que no se puede criminalizar a un sector entero por la incapacidad del Estado de enfrentar la delincuencia de manera focalizada.
CRÍTICAS POR SANCIONES, FISCALIZACIÓN Y FALTA DE RESULTADOS
Los gremios también cuestionaron que la medida incluya sanciones económicas, lo que —según denuncian— abriría la puerta a abusos en la fiscalización. Barrera sostuvo que el propio informe del Ministerio del Interior evidencia que la restricción aplicada entre mayo y junio del año pasado no redujo la criminalidad en Lima, sino que, por el contrario, las denuncias por extorsión aumentaron en 10 % y los homicidios por arma de fuego en 22 %.
Los motociclistas anunciaron que solicitarán una reunión con el presidente de la República, el jefe del Gabinete y los ministros de Transportes e Interior, con el objetivo de retirar la norma y proponer alternativas que no afecten los derechos de los ciudadanos ni el sustento de miles de familias.
