En menos de 24 horas, el sector transporte ha vuelto a ser blanco de una preocupante escalada de violencia. Un incendio en Puente Piedra, un atentado a balazos contra la empresa El Rápido y nuevas cartas extorsivas han encendido las alarmas en el gremio, que evalúa un paro de 48 horas tras la advertencia lanzada por el dirigente Martín Ojeda.
La madrugada comenzó con un siniestro que afectó a varias unidades de una empresa de transporte en Puente Piedra. Horas después, delincuentes armados dispararon contra el portón del taller de la empresa El Rápido, hecho que quedó registrado en video y que evidenció nuevamente el nivel de riesgo que enfrentan los conductores. A ello se suma la circulación de múltiples cartas extorsivas que amenazan directamente la vida de choferes.
CONFIRMAN PARO
Este escenario de inseguridad ha llevado al gremio a tomar una postura firme. Miguel Palomino, presidente de la Asociación Nacional de Conductores, confirmó que las bases se inclinan hacia un nuevo paro nacional. “Va a haber paro porque manifiestan incumplimiento de los acuerdos con Palacio. Han hecho operativos a nivel nacional sin resultado alguno”, señaló.
Tras el reciente ataque contra la empresa San Germán, el ministro del Interior visitó el patio de buses en Jicamarca para dialogar con los conductores. Sin embargo, según Martín Ojeda, representante del transporte urbano, este gesto no ha sido suficiente. “El malestar sigue; el temor y la inseguridad se están desbordando. Esperemos que se tomen medidas y que los delegados definan la fecha del paro de 48 horas”, indicó.
La noche anterior, la empresa Santa Catalina recibió un nuevo mensaje extorsivo donde se advertía que “un chofer no pasará la Navidad” si no se cumple con el pago exigido. El mismo día, otra empresa de Lima Norte fue amenazada mediante una carta que exigía aumentar el monto del cupo. “Tienen que cumplir porque pueden atentar contra un conductor o quemar un bus”, alertó Palomino.
En respuesta, el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, anunció una nueva estrategia operativa: el despliegue de un 50% de policías uniformados para labores preventivas y el otro 50% en acciones encubiertas. Esta medida busca frenar los ataques contra empresas de transporte.
