El Ejecutivo peruano analiza la solicitud presentada por el gobierno de México para otorgar un salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien permanece asilada en la residencia diplomática mexicana en Lima. La decisión se produce luego de que el país norteamericano confirmara el asilo político a favor de la exfuncionaria, investigada por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo en diciembre de 2022.
Tensión diplomática y obligaciones internacionales
De acuerdo con el abogado Vladimir Padilla, la posición del Ejecutivo peruano sería una respuesta a lo que considera una nueva injerencia del gobierno mexicano en asuntos internos del país. Sin embargo, advirtió que el Perú, en cumplimiento del derecho internacional y de los convenios vigentes sobre asilo diplomático, estaría obligado a otorgar el salvoconducto que permita la salida segura de Chávez hacia territorio mexicano.
El canciller Hugo de Zela confirmó que la solicitud mexicana se encuentra bajo evaluación y que la decisión final se tomará con base en los procedimientos legales y diplomáticos correspondientes. Aseguró además que el Gobierno actuará dentro del marco del respeto a los tratados internacionales, pero sin dejar de lado las investigaciones judiciales que pesan sobre la ex primera ministra.
Según el especialista Padilla, llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia no sería favorable para Betssy Chávez, debido a que no cumpliría con los requisitos necesarios para alegar una persecución política. Mientras tanto, la ex jefa del Gabinete de Pedro Castillo continuará permaneciendo en la residencia diplomática mexicana, a la espera de la resolución del Ejecutivo peruano respecto al salvoconducto que le permitiría abandonar el país.
