El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, confirmó que el Gobierno está considerando declarar en emergencia al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras las recientes denuncias que comprometen a su actual jefe, Iván Paredes Yataco. Según señaló, el Ministerio de Justicia ya inició las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades administrativas o penales.
Paredes Yataco negó tajantemente que la voz que se escucha en los audios difundidos por medios de comunicación le pertenezca, y aseguró estar dispuesto a someterse a una pericia fonética para despejar cualquier duda. Además, adelantó que no tiene previsto renunciar al cargo mientras duren las indagaciones.
Nuevo cuestionamiento por presunto cobro de sobornos
Sin embargo, tras sus declaraciones, surgió un nuevo señalamiento que agrava su situación. De acuerdo con un informe periodístico, el presidente del INPE habría participado en una negociación irregular vinculada a la liberación del expolicía Marco Quispe Riveros, condenado a 30 años de prisión por secuestro agravado. Este caso ha despertado preocupación en distintos sectores, que demandan transparencia en la gestión penitenciaria.
El coronel PNP en retiro Walter Lozano cuestionó que Iván Paredes no cumpla con el perfil técnico ni ético requerido para liderar una institución clave en el sistema penitenciario del país. En respuesta, el premier Álvarez recalcó que el Ejecutivo actuará con firmeza y que no se descarta una intervención directa si se comprueba la comisión de actos irregulares dentro del INPE.
