El primer día del estado de emergencia en Lima y Callao estuvo marcado por un despliegue de operativos policiales en distintos puntos de la ciudad. Las acciones incluyeron requisas en penales para incautar celulares y chips utilizados por reclusos en redes de extorsión, así como allanamientos en galerías comerciales como Mesa Redonda y Las Malvinas, donde se sospecha de actividades vinculadas al comercio ilegal de equipos de comunicación.
La medida de emergencia fue acompañada por la creación de un comité de fiscalización que incluye al Osiptel, ente regulador clave para rastrear el origen de las llamadas extorsivas. Según el exviceministro del Interior Julio Corcuera, las empresas operadoras deben asumir una responsabilidad directa en el control de los chips que distribuyen, pues su venta informal en zonas como Wilson, La Victoria o Tacora facilita la expansión del crimen organizado.
Aunque a fines de septiembre se promulgó la Ley 9656, que penaliza la venta ambulatoria de chips, su falta de reglamentación ha dejado un vacío legal que exonera de responsabilidad a las empresas de telecomunicaciones. En consecuencia, la comercialización irregular continúa sin control, permitiendo que los delincuentes adquieran líneas activas con identidades robadas, lo que dificulta la labor policial para rastrear los orígenes de las llamadas extorsivas.
SITUACIÓN EN COLOMBIA
En países como Colombia, la cooperación entre las autoridades judiciales y las operadoras móviles ha permitido bloquear en tiempo real los IMEI de teléfonos usados para extorsionar. En el Perú, las requisas semanales en penales son apenas el inicio de un esfuerzo mayor por cortar la cadena criminal. Sin embargo, expertos advierten que sin una coordinación efectiva entre el Estado, Osiptel y las empresas operadoras, la lucha contra la extorsión seguirá siendo una promesa inconclusa.
