24 Horas Edición Central

13/10/2025

Protestan en Indecopi: alertan que 20 mil empleos están en riesgo por arancel al alambrón chino

Trabajadores y empresarios realizaron un plantón para exigir el retiro de una medida cautelar que encarece la importación de alambrón de acero, insumo esencial para diversas industrias peruanas.




Alrededor de 20 mil puestos de trabajo estarían en riesgo debido a una medida cautelar que incrementa el precio del alambrón de acero originario de China, afectando a toda la cadena de valor de productos nacionales como resortes, clavos, alambres y mallas. Ante esta situación, representantes de distintas empresas manufactureras realizaron un plantón este jueves frente a la sede de Indecopi en San Borja, demandando la revisión de la decisión.

Thalía Soria, vocera de Productos Paraíso, calificó la resolución como “una medida impulsiva”, señalando que impone una sobretasa injustificada sobre la materia prima que no se produce localmente. “El alambrón chino lo usamos para fabricar productos de calidad como resortes, pero ante una denuncia de Aceros Arequipa, los únicos beneficiados son ellos, mientras que se perjudica a otras industrias nacionales”, declaró. Según explicó, la sobretasa supera los 64 dólares por tonelada importada, encareciendo significativamente los costos de producción.

Los manifestantes representaban empresas dedicadas a la elaboración de alambres, mallas, productos galvanizados y materiales para la agricultura y construcción. Roberto Constantino, trabajador de Prodac, indicó que su empresa consume alrededor de 120 toneladas de alambrón al año. “Antes no se pagaba este arancel porque era materia prima transformada en producto peruano. Ahora, con la sobretasa, los costos se disparan y peligra nuestro empleo”, advirtió.

INDECOPI SE PRONUNCIA

Tras reunirse con los representantes del sector, Indecopi emitió un comunicado precisando que la Comisión de Dumping y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias dictó en julio una medida provisional para prevenir prácticas de comercio desleal. Esta medida vence el 9 de noviembre y se encuentra sujeta a una decisión final al término del proceso de investigación. Mientras tanto, los trabajadores temen que el impacto económico derive en despidos y en la pérdida de miles de empleos formales en el país.


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