La violencia contra el transporte público continúa en aumento. Desde agosto del año pasado hasta la fecha, más de 118 víctimas —entre conductores, cobradores y pasajeros— han sido registradas por el Ministerio Público en casos de atentados vinculados a la extorsión y el sicariato. Una cifra alarmante que refleja el incremento sostenido de la inseguridad en Lima y Callao, y que ha generado temor tanto en los transportistas como en los usuarios.
De acuerdo con el exministro del Interior, Ricardo Valdés, el número de denuncias por extorsión ha crecido exponencialmente, sin que exista un avance proporcional en las capturas ni en las sentencias judiciales. “Entre 2018 y 2025, pasamos de poco más de tres denuncias diarias a más de setenta y cinco. El crecimiento supera el 2000%, pero el número de presos por extorsión solo aumentó 2.5%”, explicó Valdés, evidenciando la brecha entre la criminalidad y la respuesta del sistema de justicia.
El temor ya no solo se siente en los choferes o cobradores, sino también entre los pasajeros. Muchos evitan sentarse cerca del conductor por miedo a ser alcanzados por las balas en un ataque. Casos como el de un menor herido de gravedad tras recibir un disparo destinado al chofer son ejemplo de la vulnerabilidad en la que viajan a diario cientos de peruanos. “Siempre miro si hay motos con dos personas o buses con menos gente, y prefiero sentarme atrás, lejos del conductor”, confesó una usuaria.
ZOZOBRA EN EL TRANSPORTE
El creciente número de atentados mantiene en zozobra a todo el sector transporte. Conductores y pasajeros ajustan sus rutinas, evitan salir de noche y buscan rutas más seguras, mientras los gremios insisten en que el Gobierno implemente acciones efectivas para frenar la ola de extorsiones que continúa dejando víctimas y sembrando miedo en las calles de la capital.
