El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, volvió a estar en el centro de la polémica luego de que la Fiscalía iniciara en marzo la investigación conocida como caso “Ícaros”. Según la tesis del equipo especial EFICCOP, se habría buscado favorecer al excoronel PNP Percy Tenorio a través de la adecuación de términos de referencia para ganar contratos y patrocinar a oficiales mediante la Defensoría de la Policía Nacional.
Santiváñez, abogado y exministro del Interior, rechaza de manera tajante las acusaciones. “La Fiscalía ha creado un cuento, una fábula. No tengo relación alguna con el señor Nicanor Boluarte ni con Percy Tenorio. No hay llamadas, no hay vínculos. Y hasta hoy no se le ha pagado un solo sol al señor Tenorio”, afirmó. El ministro cuestionó además que recién fuera notificado en agosto de disposiciones emitidas en abril, lo que —según dijo— vulnera su derecho de defensa.
El funcionario, de la máxima confianza de la presidenta Dina Boluarte, también respondió sobre su regreso al gabinete tras ser censurado como ministro del Interior. “La censura fue una decisión política. No hay impedimento legal y mi designación ha sido respaldada incluso por gremios de transportistas”, señaló.
CAMINO PARA SALIR DE LA CORTE
Entre sus principales propuestas como titular de Justicia, Santiváñez ha planteado evaluar el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, bajo el argumento de preservar la soberanía del Estado. “El Perú es un país soberano en todos sus aspectos y no podemos permitir intromisiones que perturben la justicia”, remarcó.
Finalmente, negó haber influido en la designación de allegados en cargos públicos, como el de Adriana Rodríguez en el IRTV. “No hice ninguna recomendación, fue elegida por su perfil. Yo trabajo con gente de primer nivel y celebro que profesionales de su calidad ocupen esos espacios”, concluyó.
